Los principales retos del nuevo Gobierno

El nuevo ejecutivo del PSOE y Sumar será un gobierno débil. En primer lugar, por tener una mayoría exigua. En segundo, por formar parte de ella partidos de derecha e izquierda, con prioridades económicas sumamente diferentes. En tercero, por depender su estabilidad de formaciones nacionalistas o independentistas, cuyo interés no es el progreso de España, sino la obtención de más competencias y recursos para Catalunya y el País Vasco.

Los anteriores motivos dificultarán una gran producción legislativa, pues al ejecutivo le será difícil contentar a la vez a todos los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez en la sesión de investidura. Para conseguir dicho propósito, sus principales propuestas deberían contener una gran dosis de gestión, una escasa de ideología y tener como objetivo la solución de los problemas más importantes del país.

Desde mi perspectiva, los principales retos del nuevo gobierno son los siguientes:

1) facilitar el acceso a una vivienda de alquiler. En la actualidad, en el mercado de alquiler la demanda supera claramente a la oferta. El motivo no es la abundancia de la primera, sino la escasez de la segunda. En primer lugar, por la escasa construcción de viviendas de protección oficial (VPO) destinadas al arrendamiento durante la última década. En segundo, debido a los negativos efectos que la Ley de Vivienda ha generado sobre la inversión en inmuebles.

Entre 2013 y 22, el promedio anual de VPO iniciadas fue de 1.965 unidades. En términos relativos, solo el 2,5% de las totales. Una muestra fehaciente del desinterés por parte de los gobiernos nacionales y autonómicos respecto a la construcción de un gran parque de viviendas de alquiler asequible.

Una escasa oferta de arrendamiento retarda la emancipación de los jóvenes y obliga a un creciente número a vivir en una habitación. Para solucionar dicho problema, el presidente del gobierno ha prometido construir 183.000 viviendas de alquiler asequible durante la actual legislatura. Un compromiso que equivale a un brindis al sol, debido a la elevada dificultad para alcanzar dicha cifra en cuatro años. También porque no solo importa su número, sino que es transcendental la ubicación de los terrenos donde se vayan a edificar.

La mayoría de ellos no están en las principales capitales del país ni en su periferia cercana, siendo ambas ubicaciones donde existe un mayor problema de acceso a una vivienda de alquiler. Así, por ejemplo, a la Sareb casi solo le quedan saldos, pues ha vendido durante la última década a promotores privados las parcelas más interesantes.

Una gran parte del suelo destinado a la construcción de los 183.000 pisos no es finalista, sino que necesita ser urbanizado. En casi todos los casos, su transformación tardará más de cuatro años, y posiblemente una parte significativa de él más de diez, debido a la lentitud del proceso. Las principales causas son un exceso de burocracia, una escasa dotación de personal en los ayuntamientos, la supervisión de diversas administraciones y la aplicación de unas normas excesivamente garantistas para las distintas partes implicadas.

Si el gobierno no da un giro de 180 grados a su política de vivienda, en los próximos años el acceso a un piso de alquiler no mejorará, sino empeorará y posiblemente se convierta en el gran problema de la legislatura. Una situación que afectará principalmente a las grandes ciudades, pero cada vez más a las medianas y algunas de las pequeñas.

Para solventarlo, la solución no es la aplicación de un control de alquileres, sino la concesión de más subvenciones e incentivos fiscales a los propietarios. En contraprestación, estos habrían de reducir el importe del arrendamiento e incrementar la oferta de viviendas, especialmente en los distritos de clase media y obrera de las principales metrópolis del país y sus áreas metropolitanas.

2) El aumento de la calidad de la sanidad pública. En los últimos quince años, ha descendido la calidad de la asistencia sanitaria pública. Los tres principales motivos son el aumento de la lista de espera en cirugía, el incremento del retraso de las pruebas diagnósticas y la reducción del tiempo medio dedicado por los médicos de atención primaria a sus pacientes.

            del número de prestaciones sanitarias, la mayor parte de las Comunidades Autónomas no ha aumentado significativamente el porcentaje de su presupuesto dedicado a salud. Incluso, algunas lo han disminuido, como es el caso de Catalunya, Comunidad Valenciana y Madrid. Entre 2008 y 22, la primera ha pasado del 35,5% al 24%, la segunda del 38,5% al 27,3% y la tercera del 36,2% al 33,7%.

Para mejorar la asistencia sanitaria pública, mi propuesta es doble. Por un lado, la financiación otorgada por la Administración Central a las Comunidades por dicho motivo debería ser una partida finalista y su importe fijado por la primera. De esta manera, las segundas no podrían detraer recursos de la sanidad y destinarlos a lograr un mayor control social o a financiar otras actividades de escaso interés para una sustancial parte de la población. En ambos aspectos, destaca la actuación de la Generalitat de Catalunya.

En segundo, bajar los tipos impositivos del IRPF y crear un tributo especifico destinado a la financiación de la sanidad pública. En dicho impuesto, el importe pagado por los contribuyentes dependería de sus ingresos anuales y edad. La cuantía abonada incrementaría a medida que pasara el tiempo y creciera su renta. De esta manera, sería más difícil que cualquier gobierno efectuara recortes en dicha prestación para conseguir una sustancial reducción del déficit presupuestario o impulsar la sanidad privada.

3) La mejora de la gestión de los fondos Next Generation. Hasta el momento, la gestión de los fondos europeos deja mucho que desear, pues no existe un gran consenso económico, político y social sobre su destino, su ritmo de ejecución es muy lento y existen serias dudas de su aprovechamiento por parte de las pequeñas y medianas empresas.

La asignación de los fondos no la debería decidir el gobierno del país o los de las autonomías de manera unilateral, sino ser el resultado de una pacto entre los principales partidos, las patronales y los sindicatos. La segunda opción impediría la búsqueda a través de ellos de réditos políticos por parte de las formaciones que componen los distintos ejecutivos.

Una Administración Pública excesivamente burocrática está impidiendo una rápida ejecución de los fondos asignados, pues a los beneficiados tarda excesivamente en llegarles el dinero. Así, por ejemplo, entre enero y octubre de 2023, solo se había desembolsado un 15,8% del importe recibido. Desde mi perspectiva, de la distribución del capital deberían encargarse las entidades financieras, al tener una gran capilaridad y experiencia. Durante la pandemia, ellas hicieron que rápidamente llegaran los créditos ICO a las compañías.

Finalmente, muchas empresas pequeñas y medianas no han solicitado, ni tienen previsto hacerlo, la adjudicación de créditos o subsidios procedentes de los fondos Next Genaration. En primer lugar, porque desconocen que pueden beneficiarse de ellos. En segundo, debido al complejo proceso de solicitud. En tercero, por la dificultad para construir un sólido proyecto a donde destinarlos.

Para solucionar dichas trabas, mi propuesta es la simplificación de los formularios de solicitud y la creación de una agencia estatal que asesore gratuitamente a los propietarios de las anteriores empresas. Si no se hace así, se mermará la capacidad de crecimiento de numerosas pymes y la mayor parte de los fondos irán destinados a las Administraciones, las empresas públicas y las grandes corporaciones. Entre las últimas, destacaran las filiales españoles de numerosas multinacionales extranjeras.

Además de los anteriores objetivos, el gobierno debería reducir sustancialmente la proporción de empleados temporales en el sector público, aumentar la empleabilidad de los trabajadores de más de 50 años y efectuar una contrarreforma del sistema de pensiones, pues la efectuada en la pasada legislatura por el ministro Escrivá ha constituido un fracaso.

En el tercer trimestre, el porcentaje de trabajadores temporales en la Administración era de un 29,8% y superaba claramente el observado en el sector privado (14,2%). Es surrealista que el anterior ejecutivo haya realizado una reforma laboral, cuyo principal objetivo era reducir la tasa de temporalidad, y el sector público incumpla su normativa dos años después de ser aprobada.

El gobierno puede mejorar la ocupabilidad de los trabajadores mayores de 50 años haciendo más atractiva su contratación por parte de las empresas. Con dicha finalidad, debería disminuir la cotización a la Seguridad Social sufragada por ellas y proporcionarles una bonificación adicional en el impuesto de sociedades. En octubre, de los 710.652 perceptores del subsidio de desempleo, 503.000 superaban la anterior edad. La principal causa de que no  consigan trabajo no es una escasa búsqueda, sino la inexistencia de ofertas.

La contrarreforma del sistema de pensiones debe asegurar su futura sostenibilidad a través del aumento de la correlación entre lo pagado y obtenido, el incremento de la edad efectiva de jubilación y su vinculación a las variaciones de la esperanza de vida a los 65 años. Una legislación muy necesaria, pero sumamente impopular.

La reforma efectuada por Escrivá no solucionó ninguno de los principales problemas existentes y aumentó las dudas sobre el mantenimiento a medio plazo del poder adquisitivo de las actuales pensiones. Si sigue vigente, en los próximos años el incremento de los ingresos del sistema será sustancialmente inferior al de los gastos.

En definitiva, según mi parecer, la presente legislatura debería orientarse a la mejora de la gestión del país, a aprovechar las oportunidades que ofrecen los fondos Next Generation y a generar un mayor consenso político del observado durante los últimos cuatro años. No obstante, tengo la impresión de que sucederá exactamente lo contrario.

Una opinión basada en lo ocurrido durante el último mes, el reducido interés por la gestión de algunos partidos que sostienen la coalición gubernamental y las escasas posibilidades de que el actual ejecutivo enmiende algunos errores cometidos por el anterior del mismo signo (por ejemplo, la ley de vivienda y de reforma de las pensiones). Por tanto, mi verdadera esperanza es una legislatura corta, cuya duración sea bastante inferior a los cuatro años inicialmente previstos.

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