«Los sindicatos no se pueden quejar de los bajos salarios, pues los convenios colectivos constituyen la principal referencia para fijarlos y son ellos quienes, junto con la patronal, negocian sus incrementos. Entre 2018 y 2026, el resultado de sus acuerdos habrá supuesto una pérdida de poder adquisitivo»

En la segunda mitad del siglo XVIII, la mecanización de la producción textil, el perfeccionamiento de la máquina de vapor y diversas innovaciones siderúrgicas dieron origen a la Revolución Industrial. A partir de la década de 1830, el ferrocarril aceleró y extendió la industrialización al reducir la duración de los viajes, disminuir los costes de transporte y estimular la demanda de hierro, acero, carbón y maquinaria.

La Revolución Industrial generó un gran incremento de la productividad y una desigual distribución de dichas ganancias entre el capital y el trabajo. En Gran Bretaña, entre 1800 y 1840, según Robert Allen, la producción por trabajador aumentó un 37%, la rentabilidad del capital se duplicó y los salarios reales permanecieron prácticamente constantes.

La escasa apropiación por parte de los trabajadores de los frutos del progreso, las largas jornadas laborales (entre 12 y 14 horas diarias), el reducido descanso semanal (solo el domingo), las deficientes condiciones de trabajo en las fábricas y la ausencia de protección económica frente a los accidentes, las enfermedades y el desempleo impulsaron a los obreros industriales a organizarse en sindicatos.

Desde su reconocimiento legal en Gran Bretaña en 1871, mediante la Trade Union Act, los sindicatos han conseguido numerosas conquistas laborales y sociales. Entre ellas destacan un reparto más equilibrado de las ganancias de productividad entre los trabajadores y los empresarios, la reducción de la jornada laboral, el aumento de los días de vacaciones y una mayor protección de los asalariados. No obstante, desde mi perspectiva, su mayor logro ha sido favorecer la expansión y consolidación de la clase media en los países desarrollados.

Tras el regreso de la democracia a España, los sindicatos también desempeñaron un papel importante en su asentamiento y priorizaron la estabilidad económica del país frente a la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. Después de que los principales partidos políticos firmaran en 1977 los Pactos de la Moncloa, las organizaciones sindicales aceptaron medidas de moderación salarial para afrontar una crisis por el lado de la oferta, reducir la tasa de inflación y favorecer la supervivencia de numerosas empresas.

En los años posteriores, los principales sindicatos mantuvieron su independencia respecto a los partidos políticos, a pesar de que sus afiliados y planteamientos ideológicos eran más próximos a las formaciones de izquierdas que a las de derechas. La mejor demostración de dicha independencia fue la huelga general del 14 de diciembre de 1988, convocada por CCOO y UGT, cuyo seguimiento fue masivo y paralizó casi por completo el país.

Aunque Nicolás Redondo contribuyó decisivamente a la elección de Felipe González como secretario general del PSOE en el Congreso de Suresnes de 1974, no le tembló la mano para organizar, junto con Antonio Gutiérrez, la huelga general de 1988. El detonante fue la aprobación por parte del Gobierno de un Plan de Empleo Juvenil que, según los sindicatos, fomentaba la precariedad laboral y favorecía la sustitución de trabajadores bien remunerados por otros más baratos.

Los nuevos sindicatos

No obstante, con el paso de los años, los dos principales sindicatos cambiaron sus prioridades, probablemente para resultar más atractivos a los trabajadores jóvenes, y pusieron mayor énfasis en la prestación de servicios individuales a sus afiliados que en la defensa colectiva de los asalariados. En otras palabras, poco a poco se convirtieron en grandes empresas proveedoras de servicios, a pesar de que su fachada pública continuaba siendo la misma de siempre.

Entre los servicios ofrecidos a sus afiliados destacan el asesoramiento jurídico y en materia de salud laboral, la prevención de riesgos laborales, la formación continua y la capacitación profesional. Sin embargo, un sindicato como UGT también ofrece numerosos descuentos en seguros, hoteles, clínicas dentales, centros de estética, balizas de emergencias, tiendas de moda y establecimientos de venta de colchones.

Desde mi perspectiva, esta transformación de los principales sindicatos del país vino acompañada de una progresiva sumisión al poder político, probablemente relacionada con su afán por conseguir mayores subvenciones públicas. Un ejemplo que alimenta mis sospechas es la participación de CCOO y UGT de Cataluña en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, impulsado en 2013 por Artur Mas, en pleno proceso independentista.

A pesar de que la legalidad vigente lo impedía, ambos sindicatos eran partidarios de celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Para el presidente de la Generalitat, su participación era vital, pues otorgaba un carácter más transversal a su reivindicación al incorporar a las organizaciones sindicales. El Pacte era una plataforma política cuyo principal objetivo no era defender los intereses laborales de los trabajadores, sino consensuar los pasos a seguir para que Cataluña abandonara España.

Mis sospechas de sumisión al poder político prácticamente se han convertido en certezas después de la convocatoria de una huelga general para el 11 de noviembre por los dos principales sindicatos del país. En teoría, la iniciativa ha partido de una asociación de inquilinas, con escasa representatividad social; en realidad, estoy convencido de que su origen está en el Gobierno. Su finalidad sería favorecer a las dos formaciones que lo integran en las próximas elecciones generales.

Lo interpreto como una muestra de agradecimiento de los sindicatos al Ejecutivo por los 155,5 millones presupuestados por el Ministerio de Trabajo en subvenciones a las organizaciones sindicales entre 2018 y 2026. Entre ambos ejercicios, la dotación anual aumentó un 260,2%, mientras que, según mis previsiones, la inflación acumulada será del 29,1%.

Entre 2018 y 2025, UGT y CCOO habrían recibido conjuntamente 90,1 millones de euros de dicho ministerio. Una cuantía sustancialmente inferior a los 568,9 millones que, según The Objective, obtuvieron de las distintas Administraciones públicas ambas centrales sindicales, sus organizaciones territoriales, federaciones y fundaciones vinculadas.

El verdadero propósito de la huelga general

El lema oficial de la huelga general era “salarios, vivienda y precios”. En concreto, los sindicatos reclamaban mayores incrementos salariales, más facilidades para acceder a un piso en alquiler o en propiedad y medidas más eficaces para combatir el encarecimiento del coste de la vida. No obstante, para mí, ninguno de esos tres objetivos era su verdadero propósito.

A mi entender, las centrales sindicales buscaban realmente paralizar el país durante un día y organizar manifestaciones multitudinarias en las ciudades más pobladas para transmitir la imagen de que una gran parte de los ciudadanos apoya a Pedro Sánchez y Ada Colau y se opone a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Si así fuera, estaríamos ante una situación insólita en las naciones avanzadas: una huelga general cuyo destinatario sería la oposición, en lugar del Gobierno.

Los sindicatos no se pueden quejar de los bajos salarios, pues los convenios colectivos constituyen la principal referencia para fijarlos y son ellos quienes, junto con la patronal, negocian sus incrementos. Entre 2018 y 2026, el resultado de sus acuerdos habrá supuesto una pérdida de poder adquisitivo del 1,7% para los asalariados sujetos a convenio. Tampoco han tenido demasiado éxito en la reducción de la jornada laboral anual, otro de sus grandes objetivos históricos. Entre 2001 y 2025, solo han logrado disminuirla en 8,5 horas.

En junio de 2018, cuando Pedro Sánchez accedió por primera vez a la Presidencia del Gobierno, la vivienda figuraba, según el barómetro del CIS, entre los tres principales problemas del país para el 2,4% de los encuestados. En la correspondiente clasificación, ocupaba la 16.ª posición. En octubre de 2026, su liderazgo era incontestable, pues el 55,7% de los entrevistados la consideraba una de las principales preocupaciones, 34,8 puntos porcentuales por encima de la inmigración, que ocupaba el segundo puesto.

Una desastrosa evolución derivada del rotundo fracaso de la política de vivienda del Gobierno. En primer lugar, por su incapacidad para aumentar sustancialmente la oferta de nuevos inmuebles. En segundo, por el aumento de la inseguridad jurídica de los propietarios y la disminución de la rentabilidad del alquiler en los municipios donde se aplica un control de precios. Ambos factores han provocado una considerable reducción de la oferta de arriendo.

El elevado aumento del coste de la vida tiene entre sus principales causas la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto bélico de EEUU e Israel contra Irán. A lo largo de gran parte del último lustro, el encarecimiento del petróleo, el gas natural y la electricidad ha contribuido sustancialmente a elevar la inflación, al repercutir sobre el conjunto de la economía. Ambas contiendas, junto con el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, también han provocado una considerable subida del precio de los alimentos.

Una coyuntura que ha afectado a casi todos los países del mundo y que resulta imposible de resolver con medidas populares, tales como imponer precios máximos a los productos energéticos y los alimentos. Si así lo hubiera hecho el Ejecutivo, probablemente habría generado problemas de abastecimiento. De esta situación, la responsabilidad principal corresponde a Vladimir Putin y Donald Trump, pero no al Gobierno español y mucho menos a la oposición.

Conclusiones

En la actualidad, los sindicatos mayoritarios en nuestro país son solo una sombra de lo que fueron. En primer lugar, porque antes se dedicaban principalmente a defender los intereses del conjunto de asalariados y ahora se centran en prestar numerosos servicios a sus afiliados. Por eso, cada vez se parecen más a una gran empresa comercial que a una organización sindical tradicional.

En segundo lugar, porque en la actualidad son sumisos al poder político, mientras que en los años posteriores al retorno de la democracia demostraron una notable independencia. Un cambio de actitud probablemente explicado por la necesidad de conseguir mayores subvenciones públicas para equilibrar sus cuentas. Esta dependencia explicaría por qué no han organizado ninguna huelga general en los últimos ocho años y ahora la celebran dos días antes del inicio de la campaña electoral.

Una decisión que les pasará una onerosa factura. En primer lugar, porque les desacredita ante una parte importante de los ciudadanos, que valoran su defensa de los trabajadores, pero rechazan su dependencia del Ejecutivo. En segundo, debido a que ha proporcionado una magnífica excusa al PP y Vox para recortarles las subvenciones, si Feijóo consigue convertirse dentro de unos días en el nuevo presidente del Gobierno.