La reforma de la Seguridad Social de 2013 fue aprobada sin consenso político ni social. La precedente de 2011 solo consiguió el segundo. La crisis económica y la presión ejercida por Bruselas obligaron a ambos gobiernos a realizar rápidamente cambios en el sistema público de pensiones. Su principal objetivo era reducir el crecimiento de sus gastos a corto y largo plazo.